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En épocas electorales, la perspectiva en torno a la ciencia y la tecnología permite entrever la mirada a futuro que tienen los candidatos. Mientras que el oficialismo –a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación– advierte la importancia crucial que el conocimiento tiene para orientar el modelo productivo en la próxima década, la oposición insiste en lo contrario. Por un lado, Javier Milei asumió que de ser presidente privatizaría el Conicet y que prescindirá, entonces, de la producción de saberes autóctonos; por otro, Patricia Bullrich es la candidata de Juntos por el Cambio, que durante el gobierno macrista se ocupó de desfinanciar y degradar el área de ciencia y tecnología.
El último gran ejemplo es el debate legislativo en torno al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030: una hoja de ruta que establece las líneas estratégicas que debe seguir el país para que el conocimiento científico juegue el rol protagónico que desempeña en las naciones más pujantes del mundo. Tras ser aprobado por una abrumadora mayoría en el Senado (58 votos a favor, 1 en contra) en octubre de 2022, en Diputados está más trabado y los intereses electorales parecen nublar la mirada prospectiva.
La buena noticia, durante la última semana, es que el proyecto legislativo obtuvo un dictamen favorable en Diputados, y el visto bueno para que pase a ser discutido en la cámara baja (probablemente el próximo 19 de septiembre) no solo fue de los referentes del oficialismo sino también de algunos de la oposición. Facundo Manes, diputado radical y presidente de la comisión de CyT, solicitó “dejar las especulaciones de lado y las chicanas”, porque lo que se discute es una “política de Estado”. Y comentó: “Son los Estados los que promueven la investigación y planifican y llevan adelante las políticas científicas de desarrollo tecnológico”. Bajo esta premisa, apoyar a los científicos y científicas no constituye un gasto sino una inversión a futuro.
La que expresó su descontento en Twitter mediante un mensaje que publicó y luego borró fue Sabrina Ajmechet, diputada de Juntos por el Cambio. “El presidente de la comisión de CyT Facundo Manes no escuchó a los expertos de nuestras cuatro fundaciones ni tampoco respetó las posiciones de JXC. Eso que el kirchnerismo llama Plan 2030 de Ciencia y Tecnología no es un plan”.
Consultado por este diario, el ministro del área, Daniel Filmus, dice: “Quienes no apoyan a la ciencia y a la tecnología quieren que Argentina sea un país que solo exporte productos primarios y luego los compre elaborados afuera. Desconocen que nuestro país posee una trayectoria enorme, y una capacidad de trabajo por parte de sus científicos y científicas que, a pesar de las condiciones que han afrontado en muchos momentos, han seguido adelante”.
Luego, el titular de la cartera que impulsó el proyecto se refiere al líder de la Libertad Avanza. “Milei considera que la inversión pública en ciencia y tecnología no funciona, y que se trata de una cuestión de mercado. La verdad es que los Estados de los países que él dice admirar son los que más invierten en el sector. Corea, Israel y Estados Unidos tienen políticas que fomentan una fuerte inversión estatal en CyT, que después permite una transferencia de tecnología, y así atraen la inversión privada”, observa Filmus.
El líder libertario y candidato a presidente tiene en la cabeza un modelo de país en el cual la producción del conocimiento autóctono no tiene ningún lugar. Volver a ser la nación de principios del siglo XX, en parte, es condenarse a ese rol de exportador de materias primas. Lo que no se tiene en cuenta es que 123 años después, el mundo es otro y el conocimiento constituye la principal mercancía y motor productivo de las naciones.
El Plan logró una aprobación unánime en el Senado y cuando llegó a Diputados hubo algunos sectores que consideraron que no debía aprobarse. “Quisieron transformar el tema en una discusión partidaria. No se trata de un proyecto de una fuerza política, sino que es el resultado de una iniciativa política que se nutrió del acompañamiento y la discusión aportada por muchos actores. Sobre todo, aquellos que creen el rol de la ciencia y la tecnología para cambiar la vida de la gente y aportar soberanía”, dice Filmus al respecto. El proyecto de ley del plan 2030 es el resultado de un debate que duró dos años, del cual participaron las universidades, instituciones científicas, las entidades sindicales y las empresas. Fue discutido en más de 50 reuniones y presentado ante el Consejo Económico y Social (CES), la UIA, la CGT y la CTA, entre otros organismos.
Tiene el objetivo de promover las agendas de investigación, desarrollo e innovación a tono con las políticas nacionales y busca dar respuesta a las demandas de conocimiento que emerjan a la lo largo y a lo ancho de la nación. Ubica a la biotecnología, la nanotecnología, la energía nuclear, la transición energética, la ciencia de datos y la industria del software como algunos de sus ejes fundamentales, y también aborda temas sociales como educación, seguridad, justicia y pobreza. En definitiva, que el conocimiento científico pueda ayudar a resolver necesidades de primer orden.
Como antecedente, si bien Argentina había tenido planes nacionales de CyT en 2010 y en 2020, no había ocurrido lo mismo con el 2030 porque el macrismo no se había encargado de su confección. Y, para peor, dicho accionar no era descontextualizado; más bien marchaba en consonancia con el modelo de país que proyectaba: para el expresidente, financiar las actividades científicas constituía más un gasto que una inversión.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina sancionó dos leyes fundamentales para el impulso del sector. Por un lado, la Ley de Financiamiento que planifica alcanzar una inversión del 1 por ciento del PBI hacia 2032, bajo la premisa de que un área estratégica no solo requiere de inversiones crecientes sino permanentes. Y, por otro, la Ley de Economía del Conocimiento, que apunta a promover nuevas tecnologías, generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, facilitar el desarrollo de pymes y aumentar las exportaciones de las empresas que se dediquen a servicios basados en el conocimiento.
“Desde el inicio de la gestión se aprobaron una serie de leyes que permitirían prever que la ciencia se puede transformar en una política de Estado, más allá de los calendarios electorales. A la Ley de financiamiento y la de Economía del conocimiento, hay que sumar la Ley de Bio y Nanotecnología, o bien, la que regula el cannabis medicinal y el cáñamo industrial”, apunta el funcionario. Y remata: “Todas son normas que fomentan la inversión pública y privada para sostener un desarrollo científico y tecnológico autónomo”.
Cuando se despeja la ecuación y se apagan los gritos, cuando la algarabía adelgaza y las chicanas se disuelven, la política deja entrever sus hilos. Que el Plan Nacional 2030 se convierta en Ley podría representar un avance en la medida en que el sector dejará de depender de los humores y los anteojos ideológicos que se coloquen los gobiernos de turno.
Es tiempo de blindar lo más preciado, una ciencia política de Estado.
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